OLIGARQUÍA MINERA: IMPUNIDAD Y VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS.
LOS VERDADEROS PSICÓPATAS ENEMIGOS CONTRA PUEBLO PERUANO.
Po Iván Ore Chávez
A continuación un extracto de un importante artículo de investigación publicada por Charis Kamphuis, abogada defensora de derechos humanos respecto a violaciones que la casta oligárquica peruana comete en contra del pueblo peruano con el propósito de atemorizar y poder vivir apropiándose por la fuerza de los recursos minerales que pertenecen al pueblo.
FUENTE: La extracción de recursos mineros por empresas extranjeras y la privatización del poder coercitivo: un estudio de caso sobre la empresa de seguridad Forza. AUTOR: Charis Kamphuis. Osgoode Hall Law School, York University. Apuntes Vol. XXXVIII, N° 68, primer semestre 2011: páginas 63-108 / ISSN 0252-1865
Copyright 2011: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
“2.2. Estudio de la compañía de seguridad Forza
Forza es una empresa creada en 1991 por personal retirado de las Fuerzas Armadas peruanas especializado en la subversión y el espionaje. El objetivo de la empresa es brindar un paquete completo de servicios de seguridad a diversas compañías, especialmente del sector industrial, minero y energético (Securitas s. f. c).
Además de su trabajo para las transnacionales mineras, Forza cuenta con una impresionante cartera de otros clientes internacionales, que incluye a la embajada británica, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Standard Bank London Limited y las subsidiarias de Coca Cola, Eli Lilly y Hewlett Packard (Créditos Perú s. f. b).
En la medida en que Forza se fue convirtiendo en la más importante y poderosa de las empresas privadas de seguridad en Perú, su estatus atrajo el interés de Securitas, una de las mayores corporaciones multinacionales de servicios de seguridad en el mundo (Securitas s. f. a) (Securitas posee el 12% del mercado global de servicios de seguridad y emplea más de 240.000 individuos para ofrecer servicios en más de cuarenta países en todos los continentes). En razón del «prestigio, la experiencia y la posición» de Forza en el mercado peruano, Securitas la adquirió en 2007 como parte de sus planes de expansión en América Latina (Securitas s. f. a).
Irónicamente, el poder y el estatus de Forza, como la compañía elegida por un número significativo de organizaciones y corporaciones internacionales, parecen ser proporcionales a su creciente reputación como violadora sistemática de los derechos humanos. El siguiente apartado describe tres procesos legales en desarrollo que plantean serias acusaciones contra Forza sobre su violación de los derechos de los activistas y defensores de los derechos humanos que trabajan los temas mineros en Perú. Estos casos se van exponiendo en el orden cronológico de los incidentes a que se refieren.
A. El caso Majaz: la protección de la propiedad «privada»
La empresa y el conflicto
Río Blanco es uno de los yacimientos cupríferos más grandes del mundo aún sin explotar. Tiene potencial para convertirse en una de las mayores minas de cobre de Sudamérica y para crear un importante «distrito minero» (Guerrero y otros 2009).
Se localiza en la selva húmeda de la región de Piura, en los Andes peruanos, a una altura entre 2.200 y 2.800 metros sobre el nivel del mar.
En 2003, la compañía británica Monterrico Metals adquirió los derechos de exploración en el proyecto Río Blanco. Esta compañía inició sus operaciones en Perú a través de una subsidiaria totalmente de su propiedad, Minera Majaz, cuyo nombre cambió después por el de Río Blanco.
En 2007, los activos de Monterrico fueron vendidos al conglomerado chino Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Company (Guerrero y otros 2009: par. 4).
Los trabajos exploratorios de la empresa Majaz en el emplazamiento de Río Blanco se realizaron en tierras de propiedad comunal de dos comunidades campesinas.
Estos trabajos tuvieron inicio sin la autorización de estas comunidades y en violación de la legislación peruana e internacional sobre derechos humanos (Defensoría del Pueblo 2006).
Aunque las comunidades campesinas afectadas notificaron clara y reiteradamente al gobierno y a la administración de la mina su oposición al proyecto, estos esfuerzos se enfrentaron a «profundas deficiencias» por parte de las autoridades nacionales (Bebbington y otros 2007:17).
En respuesta al consiguiente nivel de conflicto social que se produjo en la región, se creó un panel independiente de expertos del Reino Unido, que incluía a un miembro del parlamento, para realizar una exhaustiva evaluación de los problemas sociales, políticos, culturales, medioambientales y económicos que planteaba el proyecto de Río Blanco.
El panel determinó que «la protesta no violenta y el proceso democrático no les [habían] dado ningún resultado a las poblaciones locales» (Bebbington y otros 2007: vi, 51)12.
En 2004, miembros de las comunidades marcharon sobre las instalaciones de la mina y un campesino resultó muerto en una confrontación con la policía. Ningún agente policial ha sido enjuiciado por esta muerte (Bebbington y otros 2007: 17).
Una segunda marcha tuvo lugar a finales de julio de 2005, con la participación de entre dos mil y tres mil líderes campesinos y dirigentes comunales de toda la región (Bebbington y otros 2007: 18). Esta protesta se inició luego de que la administración de la mina se negara a responder a un ultimátum de las comunidades, que exigían el cese de las exploraciones.
Los participantes dieron a su acción el nombre de «marcha de sacrificio» porque habían tenido que caminar durante varios días por terrenos muy escabrosos para llegar al sitio de la mina.
Iban desarmados y portaban banderas blancas, en espera de negociar con una delegación especial de alto nivel de líderes de la sociedad civil que arribaría en un helicóptero.
Esta delegación se conformó a pedido del Ministerio de Energía y Minas con el fin de facilitar las negociaciones entre los manifestantes, la empresa y las autoridades gubernamentales.
Sin embargo, de manera inesperada, el helicóptero fue obligado a aterrizar a cierta distancia y la policía impidió a los delegados llegar hasta la mina (Bebbington y otros 2007: 18-19).
Con la delegación en las cercanías, el campamento de los manifestantes fue atacado por helicópteros desde los cuales se lanzaban gases lacrimógenos y luego allanado por agentes de la policía y de Forza (Guerrero y otros 2009: par. 15[iv], 15[v]).
En subsiguientes confrontaciones con estas fuerzas, aproximadamente veintiocho dirigentes campesinos fueron detenidos y conducidos hasta la mina. El impresionante testimonio de estas personas con relación a los sucesos que entonces ocurrieron se documentó finalmente tres años más tarde, a finales de 2008, cuando una fuente anónima entregó un grupo de fotografías a un periódico de circulación nacional (Prado 2009; Gamarra Herrera y Quedena Zambrano 2008; Boyd 2010).
En las fotografías aparecen agentes policiales entregados a crueles actos de abuso y tortura contra los detenidos. Los agentes los ataron, colocaron sacos sobre sus cabezas y los obligaron a caminar descalzos; los despojaron completa o parcialmente de sus ropas; los golpearon brutalmente, los torturaron y rociaron con gas lacrimógeno; y se les negó comida y agua.
Un campesino no sobrevivió a estos maltratos (Sin embargo, está sujeto a discusión si este campesino murió en la confrontación con la policía en el campamento de quienes protestaban o si ello fue resultado del maltrato que ocurrió en el campamento de la mina).
Dos mujeres denunciaron que habían sido sometidas a abuso sexual. Después de tres días de tortura en cautiverio, los campesinos fueron dejados en libertad y acusados de crímenes como el de terrorismo (La República 2009b; Cruz 2008; Guerrero y otros 2009: par. 15).
La activación de recursos legales
En junio de 2008, un grupo de abogados pertenecientes a la ONG peruana Fedepaz (Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz) presentó una denuncia ante la fiscalía para que se investigara a los agentes de seguridad de Forza, a los agentes policiales y a los empleados de la mina presuntamente responsables por los crímenes cometidos contra los campesinos detenidos (Gamarra Herrera y Quedena Zambrano 2008).
A pesar de las pruebas fotográficas, el fiscal que recibió la denuncia la rechazó y cerró la investigación. Esta decisión fue apelada exitosamente y, en abril de 2009, la Fiscalía Superior de Apelación ordenó reabrir el caso.
En este punto, se reportó que la investigación y el procesamiento habían sido impedidos por el rechazo de la policía a revelar los nombres de los agentes que participaron en la operación referida, así como por el rechazo de la empresa Majaz a entregar la lista del personal de la mina presente en el lugar en aquel momento, incluyendo a los miembros de Forza (Perú 21 2009; La República 2009c).
Un año más tarde, en abril de 2010, el fiscal a cargo cerró la investigación por segunda vez. Tras otro recurso presentado por los abogados, la Fiscalía de Apelaciones ordenó nuevamente en agosto de ese mismo año reiniciar la investigación.
El fiscal que se hizo cargo de la apelación señaló que aquel que previamente conoció el asunto no había tomado en consideración que los agentes policiales detuvieron a las víctimas y las sometieron a torturas y otros maltratos en el curso de una operación que tenía que haber sido previamente planeada por altos jefes del cuerpo de policía (Fedepaz 2010). Al momento de redactar el presente artículo la investigación del caso continúa.
Las víctimas han presentado denuncias paralelas contra la empresa Monterrico y contra su subsidiaria peruana Río Blanco ante una corte de primera instancia en el Reino Unido.
Su caso argumenta que directores, ejecutivos y otros funcionarios de la compañía participaron directamente en hechos relacionados con la detención y la tortura de los manifestantes campesinos (Guerrero y otros 2009: par. 8, 10, 45; CNR 2009). Las víctimas plantean que Monterrico es culpable bajo la Ley de Derecho Internacional Privado (Private
International Law 1995), vigente en Gran Bretaña, por incumplimiento de su «responsabilidad en el manejo de situaciones de riesgo»14. Igualmente alegan que tanto Monterrico como su subsidiaria son enjuiciables bajo el Código Civil peruano por daño culposo o intencional al no haber adoptado medidas para prevenir riesgos conocidos y subsidiariamente por las acciones de sus empleados, incluyendo a los guardias de seguridad de Forza (Guerrero y otros 2009: par. 9-10).
Por último, las víctimas han presentado una demanda por negligencia. La naturaleza de los dispositivos de seguridad de Majaz es un aspecto importante de controversia en la acción presentada en el Reino Unido.
Resulta evidente que Majaz empleó a Forza para dotar a Río Blanco de servicios de protección y que tanto agentes de Forza como de la policía se encontraban en el lugar cuando ocurrieron los hechos de maltrato y tortura (Guerrero y otros 2009: par. 25; Boyd 2010).
Las víctimas declaran que ambos grupos de agentes participaron en los actos que se denuncian (Guerrero y otros 2009: par. 10d, 10k, 56[3], 16). La compañía, por su parte, alega que los agentes de Forza no realizaron esas acciones y que cualquier violación de la ley es imputable únicamente a los agentes de policía, de lo cual no puede hacerse responsable a la empresa (Guerrero y otros 2009: par. 25).
Infortunadamente, a este respecto resulta difícil identificar la identidad institucional de algunos de los agentes sobre la base de la evidencia fotográfica de que se dispone, porque no estaban completamente uniformados o porque sus uniformes no siempre son perfectamente visibles.
En términos de la relación institucional existente entre la compañía y la fuerza policial, no se sabe si Majaz tiene firmado con la policía un acuerdo de protección similar al descrito en el apartado anterior.
Sin embargo, y como mínimo, la naturaleza de la participación policial en los sucesos antedichos sugiere una relación de colaboración informal. La compañía coordinó con la fuerza policial la presencia de cientos de agentes de la División de Operaciones Especiales con el fin de proteger las instalaciones de Río Blanco (Guerrero y otros 2009: par. 8, 15; Gamarra Herrera y Quedena Zambrano 2008: 21-22).
En declaraciones hechas a la prensa, un general de la Policía Nacional declaró que la empresa Majaz no hacía pagos a sus miembros, pero que sí les proporcionaba alimentos y algún medio de transporte (Gamarra Herrera y Quedena Zambrano 2008: 22).
Finalmente, la detención de los manifestantes campesinos ocurrió en terrenos de propiedad de la compañía y los agentes presuntamente emplearon las instalaciones de esta para manejar la logística y la coordinación relacionadas con la detención y la tortura (Guerrero y otros 2009: par. 10, 15) (Por ejemplo, la compañía proporcionó botas de caucho a los descalzos y semidesnudos detenidos antes de transportarlos fuera del campamento minero en un helicóptero.
Hay alegatos de que algunos de los implementos usados para torturar a los campesinos eran de propiedad de la compañía.). Los procesos británicos se encuentran en sus etapas iniciales.
Hasta la fecha, la corte ha emitido un requerimiento internacional que prohíbe a Monterrico mover fuera de la jurisdicción cualquier activo por un valor superior a cinco millones de libras esterlinas (Guerrero y otros 2009: par. 6, 41).
La corte sostuvo en octubre de 2009 que las acusaciones contra Monterrico por responsabilidad y participación en los hechos brutales cometidos contra los manifestantes constituyen un «caso con suficiente fundamento» como para mantener la interdicción (Guerrero y otros 2009: par. 26-27). La audiencia final en los procesos del Reino Unido está fijada para octubre de 2011.
B. El caso Grufides: la persecución política de activistas ambientalistas.
La empresa y el conflicto
La mina de Yanacocha inició sus operaciones en 1992 en la región andina de Cajamarca, ubicada entre los 3.500 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Yanacocha es propiedad de tres accionistas y está manejada por ellos: la peruana Compañía de Minas Buenaventura y la Corporación Financiera Internacional (CFI), perteneciente al Banco Mundial –que poseen un capital minoritario– y la empresa estadounidense Newmont Mining Corporation, la mayor compañía aurífera del mundo –que es la accionista principal–.
La mina ha empleado a Forza desde 1993 como su exclusivo proveedor de servicios privados de seguridad y tiene firmado también un contrato confidencial con el cuerpo de policía para recibir servicios de protección similares a los descritos en el acuerdo de la empresa Santa Luisa (Costa 2009).
Yanacocha es la mayor mina de oro de América Latina y una de las más rentables en todo el mundo (Bury 2007: 50-56). Al igual que la minera Majaz, Yanacocha inició sus operaciones en el territorio de propiedad comunal de una comunidad campesina.
Tal como muestro en otro artículo, actualmente en prensa (Kamphuis 2012), hay fuerte evidencia de que la empresa adquirió los terrenos en los que ahora realiza su explotación violando los derechos patrimoniales de esa comunidad, que están protegidos por la ley nacional e internacional.
Además de los problemáticos fundamentos legales y políticos empleados para justificar los derechos de concesión minera de Yanacocha en la zona (Perlez y Bergman 2005) (Por ejemplo, hay evidencia de corrupción entre los niveles más altos del gobierno de Fujimori y la empresa Newmont, accionista principal de Yanacocha.), un estudio llevado a cabo recientemente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), dependencia de la ONU, identificó a Yanacocha como uno de los grupos industriales menos exitosos en términos de su contribución al desarrollo local (Dirven, citado en Bebbington y otros 2007: 36).
Con tales antecedentes, no sorprende en absoluto que en 1999 se iniciaran amplias protestas contra la expansión de la mina (Bebbington y otros 2008), protestas que fueron en esencia levantamientos espontáneos de las comunidades campesinas locales perjudicadas por la actividad minera.
Por su gran envergadura son dignos de destacar dos de estos eventos. En 2004 se inició en la ciudad de Cajamarca una huelga general liderada por el sector campesino así como un bloqueo de carreteras; estas acciones contaron con la participación de diez mil residentes rurales y urbanos que se mantuvieron en protesta por un período de dos semanas (Laplante y Spears 2008: 104).
Su tamaño y su fuerza obligaron finalmente a Yanacocha a trasladar su planeada expansión a una montaña cercana llamada Quilish. En 2006 estalló otra protesta contra la empresa minera en el área rural de Combayo: aproximadamente cien campesinos impidieron el uso por la mina de un camino local, mientras que otros quinientos se manifestaban pacíficamente en la plaza de la comunidad.
En respuesta, Yanacocha desplegó un dispositivo de casi doscientos hombres armados: una mezcla de agentes de Forza y policías fuera de servicio pagados por la empresa en concordancia con el acuerdo firmado con el cuerpo policial (La República 2006b; Jara y Holguín 2006).
En los primeros días de lo que llegaría a convertirse en una protesta de varias semanas, las fuerzas de seguridad al servicio de Yanacocha dispararon contra un manifestante campesino, dándole muerte (Páez y Castro 2006; Salazar 2006).
Por otra parte, en un allanamiento oficial efectuado en los almacenes de propiedad de la mina, las autoridades encontraron «municiones de guerra» (Páez y Castro 2006). La posesión de estas municiones por las compañías privadas de seguridad es ilegal, de acuerdo con lo establecido en la «Ley sobre los Servicios Privados de Seguridad», y constituye una violación del artículo 175 de la Constitución Política del Perú (1993).
En cada uno de los mencionados momentos del conflicto entre los manifestantes campesinos y Yanacocha, las autoridades oficiales convocaron a miembros de la ONG local Grufides para que intentaran una mediación (Salazar 2006).
Grufides recibió en 2004 el Premio Nacional de Derechos Humanos por el papel que desempeñó en la solución pacífica del diferendo de Quilish. Sin embargo, el incremento de las acciones organizadas por los campesinos en Combayo condujo en 2006 a la escalada de la llamada «Operación diablo», un programa de vigilancia electrónica sistemática, intimidación, amenazas de muerte y difamación dirigido en primer lugar contra el personal de Grufides, pero que se amplió hasta incluir aproximadamente a otros treinta ecologistas y líderes campesinos locales (Boyd 2010). Más tarde en ese mismo año, sicarios asesinaron a un dirigente campesino señalado en el programa de vigilancia como «una amenaza para Yanacocha» (Boyd 2010; Deza y otros 2007).
La activación de recursos legales
La justicia peruana ha rechazado procesar a los organizadores y autores de la Operación diablo. En 2009, los abogados de Grufides presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que denunciaban al Estado peruano como violador de sus obligaciones de prevenir y sancionar esos delitos de acuerdo con lo que se estipula en la «Convención Americana sobre Derechos Humanos» (OEA 1969) (La autora de este documento fue una de estos abogados y los documentos que sustentan la demanda de Grufides se encuentran en su posesión.).
La demanda documenta la abrumadora evidencia existente acerca de que Forza implementó la Operación diablo en el contexto de sus acciones de seguridad al servicio de Yanacocha.
Esta documentación incluye centenares de fotografías del personal de Grufides y otros activistas, quienes también aparecen en una presentación en Power Point titulada «Amenazas contra Yanacocha, 2006».
Pruebas adicionales incluyen informes de vigilancia de estilo policial sobre las actividades de esas personas. Los informes y fotos fueron realizados por empleados de una firma de seguridad subcontratada, que entregó estos datos de inteligencia a un directivo de Forza «de acuerdo con los términos de la Operación Diablo» (Los informes fueron dirigidos a un individuo con un seudónimo que, según el manual de operaciones de Forza en ese momento, correspondía a un gerente de Forza.).
Por último, existen pruebas documentales sobre los pagos que realizó Forza por los servicios prestados por la compañía subcontratada. La petición de Grufides expone también los actos específicos de complicidad de la policía peruana en la Operación diablo (Específicamente, la policía devolvió toda la evidencia a los acusados de la Operación diablo. Efectivos de la policía también fueron filmados facilitando el escape de un acusado que estuvo con orden de detención policial.).
C. El caso Business Track: la vigilancia coordinada de los movimientos sociales La empresa y el escándalo
Business Track era una compañía privada de seguridad que se registró oficialmente en 2004 con el ostensible propósito de proveer servicios de contraespionaje e inteligencia, tales como la «limpieza» de líneas telefónicas y el suministro de sistemas de tecnologías de la información (Páez 2009).
La compañía, que empleaba a personal militar tanto en retiro como en servicio activo, fue creada por un ex capitán del ejército que había servido bajo el régimen de Fujimori (Salazar 2009; Trigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima 2009).
La cartera de clientes publicada en el sitio web de la empresa incluía compañías del sector del petróleo, la minería y el gas, así como un número de firmas privadas de seguridad, como Forza, que prestaban servicios fundamentalmente a empresas de la industria extractiva (Páez 2009).
A principios de 2009, las autoridades peruanas arrestaron a directivos y empleados de Business Track bajo cargos de intervención ilegal de líneas telefónicas, instalación de equipos de escucha e interceptación de correos electrónicos en beneficio de terceros.
Este operativo ilícito cayó tras el descubrimiento de un escándalo de sobornos petroleros. Business Track presuntamente grabó una discusión entre un alto funcionario gubernamental y un conocido cabildero, que trataba acerca de pagos a cambio del tratamiento preferencial otorgado a la oferta de una compañía noruega en una licitación petrolera.
El contrato se había firmado finalmente con esta compañía (BBC News s. f.). Business Track supuestamente vendió la grabación a una compañía competidora que después la filtró a la prensa (Salazar 2009).
El escándalo involucró a varios funcionarios de alto nivel del go- bierno peruano; ellos y un grupo de directivos y empleados de Business Track están siendo ahora procesados por la justicia. Aparentemente la ilegal empresa de vigilancia cometió un error de cálculo político en su búsqueda de inteligencia a favor de corporaciones transnacionales.
La activación de recursos legales
Tras el arresto del personal de Business Track, la fiscalía comenzó a obtener declaraciones de las víctimas mientras revisaba y catalogaba la enorme cantidad de grabaciones de audio, mensajes de correo electrónico y conversaciones telefónicas que le fueron confiscados al personal de la agencia (Trigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima 2009).
Este proceso reveló que solo cerca del 20% de los datos de vigilancia de Business Track tenía que ver con posibles actividades criminales (La República 2009a).
La gran mayoría de estos datos correspondía a la vigilancia ilegal realizada sobre ciudadanos comunes, así como sobre instituciones privadas y públicas, en relación con cuestiones de seguridad o temas de interés nacional (La República 2009a).
Por demás, las informaciones confiscadas se remontan a inicios de la década de 1990, durante la era Fujimori (Trigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima 2009) y demuestran que el personal de inteligencia militar que fundó Business Track se había llevado sus registros de inteligencia al retirarse del servicio activo tras la caída del gobierno de Fujimori.
Las pruebas que el tribunal ha hecho públicas hasta la fecha revelan que un número significativo de las víctimas, desde la década de 1990 en adelante, son luchadores por los derechos humanos, activistas mineros y miembros de comunidades rurales, así como varios colectivos de abogados (Este grupo incluía al Equipo de Promoción y Desarrollo de Ica, la Asociación Civil Foro Democrático, el Instituto para una Alternativa Agraria, la Asociación Pro Derechos Humanos, Fedepaz, el Instituto Peruano para los Derechos Humanos y el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, aunque no se limitaba a estas instituciones.) .
Entre estas personas se encuentran las víctimas y los protagonistas de los casos Majaz y Grufides, quienes fueron vigilados durante el periodo de tiempo en cuestión. También es importante notar que los archivos de audio intervenidos están fechados a partir de los primeros años de la década de 1990, comenzando en la época de Fujimori, y se extienden hasta el presente.
Lo anterior ayuda a entender la observación del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, por su nombre inglés) acerca de que el escándalo ha inducido a fuerzas políticas anteriormente opuestas a unirse con el fin de impedir la investigación de la cartera de clientes de la empresa Business Track (Parellada 2009).
El campo relacionado a Fujimori, el Partido Aprista y por lo menos algunas de las empresas transnacionales comparten un interés político en minimizar la investigación sobre las actividades de Business Track.
Como se señaló más arriba, aunque el escándalo de esta empresa tuvo como causa primera la aparente corrupción del gobierno aprista al tratar de favorecer a una empresa transnacional de petróleo, los archivos confiscados incluyen grabaciones de las comunicaciones mantenidas por miembros de la sociedad civil desde la época Fujimori hasta la actualidad.
De lo anterior puede concluirse que el caso Business Track es un ejemplo claro de la manera como las prácticas de vigilancia política, previamente empleadas por un gobernante con tintes represivos (Fujimori), pueden adoptarse para satisfacer las necesidades del sector corporativo transnacional una vez que los servicios de seguridad están privatizados.
Las inquietudes del IWGIA acerca de la investigación del caso Business Track parecen haberse confirmado. Tras casi año y medio de estar revisando los archivos de audio de Business Track, a finales de julio de 2010, el tribunal emitió su veredicto con respecto a la investigación judicial (La República 2010a y 2010b).
El fallo, de 1.135 páginas, es esencialmente una recitación de las 1.300 piezas probatorias que se revisaron. El principal resultado es que el juez rechazó autorizar a la fiscalía el inicio de una investigación sobre la identidad de los clientes de Business Track, en otras palabras, de los individuos e instituciones que pagaban por las actividades ilegales de escucha telefónica e interceptación de correos electrónicos (La República 2010a y 2010b).
Irónicamente, la jueza razonó que una investigación tal sería prematura. Hasta la fecha no hay indicaciones de que los poderosos clientes de Business Track, entre ellos Forza y una serie de transnacionales mineras, serán sometidos a una investigación criminal.
Indicadores de una red internacional de vigilancia
Como se señaló previamente, existen vínculos documentados entre las actividades de vigilancia de Business Track y el alegado rol de Forza como violador de los derechos humanos de activistas en los casos Majaz y Grufides.
Estos lazos sugieren que las empresas transnacionales mineras y las empresas de seguridad privada han formado una red altamente integrada de vigilancia e intercambio de información sobre los actores de la sociedad civil que critican sus actividades.
También hay motivo para creer que esta información puede ser utilizada para facilitar la persecución política de tales actores. Por ejemplo, como fue detallado en la sección anterior, en el caso Grufides se alega que Forza, en su condición de empresa de seguridad de la Minera Yanacocha, implementó la Operación diablo en contra de los activistas locales.
Al mismo tiempo, resulta indisputable que Business Track intervino los teléfonos de Grufides durante el curso de la Operación diablo y está probado que Forza era cliente de Business Track.
Así, tomando en consideración el caso Grufides junto con lo que públicamente se conoce sobre el caso Business Track pueden extraerse al menos dos conclusiones relevantes.
Primero, hay razones para creer que Forza contrató a Business Track para complementar los servicios de seguridad que brinda a Yanacocha. Segundo, hay sobrados indicios de que la información de vigilancia recogida por Business Track fue en última instancia empleada por Forza para apoyar los objetivos de la Operación diablo, específicamente la persecución de los activistas que trabajan con las comunidades perjudicadas por la actividad minera de Yanacocha.”
POR ESO ¡CONGA NO VAAA¡¡¡¡¡¡¡ CON ESTA GENTE OLIGARCA RETROCEDEREMOS A 1890 Y NO AVANZAREMOS AL TERCER MILENIO.
CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN.
LOS VERDADEROS PSICÓPATAS ENEMIGOS CONTRA PUEBLO PERUANO.
Po Iván Ore Chávez
A continuación un extracto de un importante artículo de investigación publicada por Charis Kamphuis, abogada defensora de derechos humanos respecto a violaciones que la casta oligárquica peruana comete en contra del pueblo peruano con el propósito de atemorizar y poder vivir apropiándose por la fuerza de los recursos minerales que pertenecen al pueblo.
FUENTE: La extracción de recursos mineros por empresas extranjeras y la privatización del poder coercitivo: un estudio de caso sobre la empresa de seguridad Forza. AUTOR: Charis Kamphuis. Osgoode Hall Law School, York University. Apuntes Vol. XXXVIII, N° 68, primer semestre 2011: páginas 63-108 / ISSN 0252-1865Copyright 2011: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
“2.2. Estudio de la compañía de seguridad Forza
Forza es una empresa creada en 1991 por personal retirado de las Fuerzas Armadas peruanas especializado en la subversión y el espionaje. El objetivo de la empresa es brindar un paquete completo de servicios de seguridad a diversas compañías, especialmente del sector industrial, minero y energético (Securitas s. f. c).
Además de su trabajo para las transnacionales mineras, Forza cuenta con una impresionante cartera de otros clientes internacionales, que incluye a la embajada británica, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Standard Bank London Limited y las subsidiarias de Coca Cola, Eli Lilly y Hewlett Packard (Créditos Perú s. f. b).En la medida en que Forza se fue convirtiendo en la más importante y poderosa de las empresas privadas de seguridad en Perú, su estatus atrajo el interés de Securitas, una de las mayores corporaciones multinacionales de servicios de seguridad en el mundo (Securitas s. f. a) (Securitas posee el 12% del mercado global de servicios de seguridad y emplea más de 240.000 individuos para ofrecer servicios en más de cuarenta países en todos los continentes). En razón del «prestigio, la experiencia y la posición» de Forza en el mercado peruano, Securitas la adquirió en 2007 como parte de sus planes de expansión en América Latina (Securitas s. f. a).
Irónicamente, el poder y el estatus de Forza, como la compañía elegida por un número significativo de organizaciones y corporaciones internacionales, parecen ser proporcionales a su creciente reputación como violadora sistemática de los derechos humanos. El siguiente apartado describe tres procesos legales en desarrollo que plantean serias acusaciones contra Forza sobre su violación de los derechos de los activistas y defensores de los derechos humanos que trabajan los temas mineros en Perú. Estos casos se van exponiendo en el orden cronológico de los incidentes a que se refieren.A. El caso Majaz: la protección de la propiedad «privada»
La empresa y el conflicto
Río Blanco es uno de los yacimientos cupríferos más grandes del mundo aún sin explotar. Tiene potencial para convertirse en una de las mayores minas de cobre de Sudamérica y para crear un importante «distrito minero» (Guerrero y otros 2009).
Se localiza en la selva húmeda de la región de Piura, en los Andes peruanos, a una altura entre 2.200 y 2.800 metros sobre el nivel del mar.
En 2003, la compañía británica Monterrico Metals adquirió los derechos de exploración en el proyecto Río Blanco. Esta compañía inició sus operaciones en Perú a través de una subsidiaria totalmente de su propiedad, Minera Majaz, cuyo nombre cambió después por el de Río Blanco.
En 2007, los activos de Monterrico fueron vendidos al conglomerado chino Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Company (Guerrero y otros 2009: par. 4).
Los trabajos exploratorios de la empresa Majaz en el emplazamiento de Río Blanco se realizaron en tierras de propiedad comunal de dos comunidades campesinas.
Estos trabajos tuvieron inicio sin la autorización de estas comunidades y en violación de la legislación peruana e internacional sobre derechos humanos (Defensoría del Pueblo 2006).
Aunque las comunidades campesinas afectadas notificaron clara y reiteradamente al gobierno y a la administración de la mina su oposición al proyecto, estos esfuerzos se enfrentaron a «profundas deficiencias» por parte de las autoridades nacionales (Bebbington y otros 2007:17).
En respuesta al consiguiente nivel de conflicto social que se produjo en la región, se creó un panel independiente de expertos del Reino Unido, que incluía a un miembro del parlamento, para realizar una exhaustiva evaluación de los problemas sociales, políticos, culturales, medioambientales y económicos que planteaba el proyecto de Río Blanco.
El panel determinó que «la protesta no violenta y el proceso democrático no les [habían] dado ningún resultado a las poblaciones locales» (Bebbington y otros 2007: vi, 51)12.
En 2004, miembros de las comunidades marcharon sobre las instalaciones de la mina y un campesino resultó muerto en una confrontación con la policía. Ningún agente policial ha sido enjuiciado por esta muerte (Bebbington y otros 2007: 17).
Una segunda marcha tuvo lugar a finales de julio de 2005, con la participación de entre dos mil y tres mil líderes campesinos y dirigentes comunales de toda la región (Bebbington y otros 2007: 18). Esta protesta se inició luego de que la administración de la mina se negara a responder a un ultimátum de las comunidades, que exigían el cese de las exploraciones.
Los participantes dieron a su acción el nombre de «marcha de sacrificio» porque habían tenido que caminar durante varios días por terrenos muy escabrosos para llegar al sitio de la mina.
Iban desarmados y portaban banderas blancas, en espera de negociar con una delegación especial de alto nivel de líderes de la sociedad civil que arribaría en un helicóptero.Esta delegación se conformó a pedido del Ministerio de Energía y Minas con el fin de facilitar las negociaciones entre los manifestantes, la empresa y las autoridades gubernamentales.
Sin embargo, de manera inesperada, el helicóptero fue obligado a aterrizar a cierta distancia y la policía impidió a los delegados llegar hasta la mina (Bebbington y otros 2007: 18-19).
Con la delegación en las cercanías, el campamento de los manifestantes fue atacado por helicópteros desde los cuales se lanzaban gases lacrimógenos y luego allanado por agentes de la policía y de Forza (Guerrero y otros 2009: par. 15[iv], 15[v]).
En subsiguientes confrontaciones con estas fuerzas, aproximadamente veintiocho dirigentes campesinos fueron detenidos y conducidos hasta la mina. El impresionante testimonio de estas personas con relación a los sucesos que entonces ocurrieron se documentó finalmente tres años más tarde, a finales de 2008, cuando una fuente anónima entregó un grupo de fotografías a un periódico de circulación nacional (Prado 2009; Gamarra Herrera y Quedena Zambrano 2008; Boyd 2010).
En las fotografías aparecen agentes policiales entregados a crueles actos de abuso y tortura contra los detenidos. Los agentes los ataron, colocaron sacos sobre sus cabezas y los obligaron a caminar descalzos; los despojaron completa o parcialmente de sus ropas; los golpearon brutalmente, los torturaron y rociaron con gas lacrimógeno; y se les negó comida y agua.
Un campesino no sobrevivió a estos maltratos (Sin embargo, está sujeto a discusión si este campesino murió en la confrontación con la policía en el campamento de quienes protestaban o si ello fue resultado del maltrato que ocurrió en el campamento de la mina).
Dos mujeres denunciaron que habían sido sometidas a abuso sexual. Después de tres días de tortura en cautiverio, los campesinos fueron dejados en libertad y acusados de crímenes como el de terrorismo (La República 2009b; Cruz 2008; Guerrero y otros 2009: par. 15).
La activación de recursos legales
En junio de 2008, un grupo de abogados pertenecientes a la ONG peruana Fedepaz (Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz) presentó una denuncia ante la fiscalía para que se investigara a los agentes de seguridad de Forza, a los agentes policiales y a los empleados de la mina presuntamente responsables por los crímenes cometidos contra los campesinos detenidos (Gamarra Herrera y Quedena Zambrano 2008).
A pesar de las pruebas fotográficas, el fiscal que recibió la denuncia la rechazó y cerró la investigación. Esta decisión fue apelada exitosamente y, en abril de 2009, la Fiscalía Superior de Apelación ordenó reabrir el caso.
En este punto, se reportó que la investigación y el procesamiento habían sido impedidos por el rechazo de la policía a revelar los nombres de los agentes que participaron en la operación referida, así como por el rechazo de la empresa Majaz a entregar la lista del personal de la mina presente en el lugar en aquel momento, incluyendo a los miembros de Forza (Perú 21 2009; La República 2009c).
Un año más tarde, en abril de 2010, el fiscal a cargo cerró la investigación por segunda vez. Tras otro recurso presentado por los abogados, la Fiscalía de Apelaciones ordenó nuevamente en agosto de ese mismo año reiniciar la investigación.
El fiscal que se hizo cargo de la apelación señaló que aquel que previamente conoció el asunto no había tomado en consideración que los agentes policiales detuvieron a las víctimas y las sometieron a torturas y otros maltratos en el curso de una operación que tenía que haber sido previamente planeada por altos jefes del cuerpo de policía (Fedepaz 2010). Al momento de redactar el presente artículo la investigación del caso continúa.
Las víctimas han presentado denuncias paralelas contra la empresa Monterrico y contra su subsidiaria peruana Río Blanco ante una corte de primera instancia en el Reino Unido.
Su caso argumenta que directores, ejecutivos y otros funcionarios de la compañía participaron directamente en hechos relacionados con la detención y la tortura de los manifestantes campesinos (Guerrero y otros 2009: par. 8, 10, 45; CNR 2009). Las víctimas plantean que Monterrico es culpable bajo la Ley de Derecho Internacional Privado (Private
International Law 1995), vigente en Gran Bretaña, por incumplimiento de su «responsabilidad en el manejo de situaciones de riesgo»14. Igualmente alegan que tanto Monterrico como su subsidiaria son enjuiciables bajo el Código Civil peruano por daño culposo o intencional al no haber adoptado medidas para prevenir riesgos conocidos y subsidiariamente por las acciones de sus empleados, incluyendo a los guardias de seguridad de Forza (Guerrero y otros 2009: par. 9-10).
Por último, las víctimas han presentado una demanda por negligencia. La naturaleza de los dispositivos de seguridad de Majaz es un aspecto importante de controversia en la acción presentada en el Reino Unido.
Resulta evidente que Majaz empleó a Forza para dotar a Río Blanco de servicios de protección y que tanto agentes de Forza como de la policía se encontraban en el lugar cuando ocurrieron los hechos de maltrato y tortura (Guerrero y otros 2009: par. 25; Boyd 2010).Las víctimas declaran que ambos grupos de agentes participaron en los actos que se denuncian (Guerrero y otros 2009: par. 10d, 10k, 56[3], 16). La compañía, por su parte, alega que los agentes de Forza no realizaron esas acciones y que cualquier violación de la ley es imputable únicamente a los agentes de policía, de lo cual no puede hacerse responsable a la empresa (Guerrero y otros 2009: par. 25).
Infortunadamente, a este respecto resulta difícil identificar la identidad institucional de algunos de los agentes sobre la base de la evidencia fotográfica de que se dispone, porque no estaban completamente uniformados o porque sus uniformes no siempre son perfectamente visibles.
En términos de la relación institucional existente entre la compañía y la fuerza policial, no se sabe si Majaz tiene firmado con la policía un acuerdo de protección similar al descrito en el apartado anterior.
Sin embargo, y como mínimo, la naturaleza de la participación policial en los sucesos antedichos sugiere una relación de colaboración informal. La compañía coordinó con la fuerza policial la presencia de cientos de agentes de la División de Operaciones Especiales con el fin de proteger las instalaciones de Río Blanco (Guerrero y otros 2009: par. 8, 15; Gamarra Herrera y Quedena Zambrano 2008: 21-22).
En declaraciones hechas a la prensa, un general de la Policía Nacional declaró que la empresa Majaz no hacía pagos a sus miembros, pero que sí les proporcionaba alimentos y algún medio de transporte (Gamarra Herrera y Quedena Zambrano 2008: 22).
Finalmente, la detención de los manifestantes campesinos ocurrió en terrenos de propiedad de la compañía y los agentes presuntamente emplearon las instalaciones de esta para manejar la logística y la coordinación relacionadas con la detención y la tortura (Guerrero y otros 2009: par. 10, 15) (Por ejemplo, la compañía proporcionó botas de caucho a los descalzos y semidesnudos detenidos antes de transportarlos fuera del campamento minero en un helicóptero.
Hay alegatos de que algunos de los implementos usados para torturar a los campesinos eran de propiedad de la compañía.). Los procesos británicos se encuentran en sus etapas iniciales.
Hasta la fecha, la corte ha emitido un requerimiento internacional que prohíbe a Monterrico mover fuera de la jurisdicción cualquier activo por un valor superior a cinco millones de libras esterlinas (Guerrero y otros 2009: par. 6, 41).
La corte sostuvo en octubre de 2009 que las acusaciones contra Monterrico por responsabilidad y participación en los hechos brutales cometidos contra los manifestantes constituyen un «caso con suficiente fundamento» como para mantener la interdicción (Guerrero y otros 2009: par. 26-27). La audiencia final en los procesos del Reino Unido está fijada para octubre de 2011.
B. El caso Grufides: la persecución política de activistas ambientalistas.
La empresa y el conflicto
La mina de Yanacocha inició sus operaciones en 1992 en la región andina de Cajamarca, ubicada entre los 3.500 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Yanacocha es propiedad de tres accionistas y está manejada por ellos: la peruana Compañía de Minas Buenaventura y la Corporación Financiera Internacional (CFI), perteneciente al Banco Mundial –que poseen un capital minoritario– y la empresa estadounidense Newmont Mining Corporation, la mayor compañía aurífera del mundo –que es la accionista principal–.
La mina ha empleado a Forza desde 1993 como su exclusivo proveedor de servicios privados de seguridad y tiene firmado también un contrato confidencial con el cuerpo de policía para recibir servicios de protección similares a los descritos en el acuerdo de la empresa Santa Luisa (Costa 2009).
Yanacocha es la mayor mina de oro de América Latina y una de las más rentables en todo el mundo (Bury 2007: 50-56). Al igual que la minera Majaz, Yanacocha inició sus operaciones en el territorio de propiedad comunal de una comunidad campesina.
Tal como muestro en otro artículo, actualmente en prensa (Kamphuis 2012), hay fuerte evidencia de que la empresa adquirió los terrenos en los que ahora realiza su explotación violando los derechos patrimoniales de esa comunidad, que están protegidos por la ley nacional e internacional.
Además de los problemáticos fundamentos legales y políticos empleados para justificar los derechos de concesión minera de Yanacocha en la zona (Perlez y Bergman 2005) (Por ejemplo, hay evidencia de corrupción entre los niveles más altos del gobierno de Fujimori y la empresa Newmont, accionista principal de Yanacocha.), un estudio llevado a cabo recientemente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), dependencia de la ONU, identificó a Yanacocha como uno de los grupos industriales menos exitosos en términos de su contribución al desarrollo local (Dirven, citado en Bebbington y otros 2007: 36).
Con tales antecedentes, no sorprende en absoluto que en 1999 se iniciaran amplias protestas contra la expansión de la mina (Bebbington y otros 2008), protestas que fueron en esencia levantamientos espontáneos de las comunidades campesinas locales perjudicadas por la actividad minera.
Por su gran envergadura son dignos de destacar dos de estos eventos. En 2004 se inició en la ciudad de Cajamarca una huelga general liderada por el sector campesino así como un bloqueo de carreteras; estas acciones contaron con la participación de diez mil residentes rurales y urbanos que se mantuvieron en protesta por un período de dos semanas (Laplante y Spears 2008: 104).
Su tamaño y su fuerza obligaron finalmente a Yanacocha a trasladar su planeada expansión a una montaña cercana llamada Quilish. En 2006 estalló otra protesta contra la empresa minera en el área rural de Combayo: aproximadamente cien campesinos impidieron el uso por la mina de un camino local, mientras que otros quinientos se manifestaban pacíficamente en la plaza de la comunidad.
En respuesta, Yanacocha desplegó un dispositivo de casi doscientos hombres armados: una mezcla de agentes de Forza y policías fuera de servicio pagados por la empresa en concordancia con el acuerdo firmado con el cuerpo policial (La República 2006b; Jara y Holguín 2006).
En los primeros días de lo que llegaría a convertirse en una protesta de varias semanas, las fuerzas de seguridad al servicio de Yanacocha dispararon contra un manifestante campesino, dándole muerte (Páez y Castro 2006; Salazar 2006).
Por otra parte, en un allanamiento oficial efectuado en los almacenes de propiedad de la mina, las autoridades encontraron «municiones de guerra» (Páez y Castro 2006). La posesión de estas municiones por las compañías privadas de seguridad es ilegal, de acuerdo con lo establecido en la «Ley sobre los Servicios Privados de Seguridad», y constituye una violación del artículo 175 de la Constitución Política del Perú (1993).
En cada uno de los mencionados momentos del conflicto entre los manifestantes campesinos y Yanacocha, las autoridades oficiales convocaron a miembros de la ONG local Grufides para que intentaran una mediación (Salazar 2006).
Grufides recibió en 2004 el Premio Nacional de Derechos Humanos por el papel que desempeñó en la solución pacífica del diferendo de Quilish. Sin embargo, el incremento de las acciones organizadas por los campesinos en Combayo condujo en 2006 a la escalada de la llamada «Operación diablo», un programa de vigilancia electrónica sistemática, intimidación, amenazas de muerte y difamación dirigido en primer lugar contra el personal de Grufides, pero que se amplió hasta incluir aproximadamente a otros treinta ecologistas y líderes campesinos locales (Boyd 2010). Más tarde en ese mismo año, sicarios asesinaron a un dirigente campesino señalado en el programa de vigilancia como «una amenaza para Yanacocha» (Boyd 2010; Deza y otros 2007).
La activación de recursos legales
La justicia peruana ha rechazado procesar a los organizadores y autores de la Operación diablo. En 2009, los abogados de Grufides presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que denunciaban al Estado peruano como violador de sus obligaciones de prevenir y sancionar esos delitos de acuerdo con lo que se estipula en la «Convención Americana sobre Derechos Humanos» (OEA 1969) (La autora de este documento fue una de estos abogados y los documentos que sustentan la demanda de Grufides se encuentran en su posesión.).
La demanda documenta la abrumadora evidencia existente acerca de que Forza implementó la Operación diablo en el contexto de sus acciones de seguridad al servicio de Yanacocha.
Esta documentación incluye centenares de fotografías del personal de Grufides y otros activistas, quienes también aparecen en una presentación en Power Point titulada «Amenazas contra Yanacocha, 2006».
Pruebas adicionales incluyen informes de vigilancia de estilo policial sobre las actividades de esas personas. Los informes y fotos fueron realizados por empleados de una firma de seguridad subcontratada, que entregó estos datos de inteligencia a un directivo de Forza «de acuerdo con los términos de la Operación Diablo» (Los informes fueron dirigidos a un individuo con un seudónimo que, según el manual de operaciones de Forza en ese momento, correspondía a un gerente de Forza.).
Por último, existen pruebas documentales sobre los pagos que realizó Forza por los servicios prestados por la compañía subcontratada. La petición de Grufides expone también los actos específicos de complicidad de la policía peruana en la Operación diablo (Específicamente, la policía devolvió toda la evidencia a los acusados de la Operación diablo. Efectivos de la policía también fueron filmados facilitando el escape de un acusado que estuvo con orden de detención policial.).
C. El caso Business Track: la vigilancia coordinada de los movimientos sociales La empresa y el escándalo
Business Track era una compañía privada de seguridad que se registró oficialmente en 2004 con el ostensible propósito de proveer servicios de contraespionaje e inteligencia, tales como la «limpieza» de líneas telefónicas y el suministro de sistemas de tecnologías de la información (Páez 2009).
La compañía, que empleaba a personal militar tanto en retiro como en servicio activo, fue creada por un ex capitán del ejército que había servido bajo el régimen de Fujimori (Salazar 2009; Trigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima 2009).
La cartera de clientes publicada en el sitio web de la empresa incluía compañías del sector del petróleo, la minería y el gas, así como un número de firmas privadas de seguridad, como Forza, que prestaban servicios fundamentalmente a empresas de la industria extractiva (Páez 2009).
A principios de 2009, las autoridades peruanas arrestaron a directivos y empleados de Business Track bajo cargos de intervención ilegal de líneas telefónicas, instalación de equipos de escucha e interceptación de correos electrónicos en beneficio de terceros.
Este operativo ilícito cayó tras el descubrimiento de un escándalo de sobornos petroleros. Business Track presuntamente grabó una discusión entre un alto funcionario gubernamental y un conocido cabildero, que trataba acerca de pagos a cambio del tratamiento preferencial otorgado a la oferta de una compañía noruega en una licitación petrolera.
El contrato se había firmado finalmente con esta compañía (BBC News s. f.). Business Track supuestamente vendió la grabación a una compañía competidora que después la filtró a la prensa (Salazar 2009).
El escándalo involucró a varios funcionarios de alto nivel del go- bierno peruano; ellos y un grupo de directivos y empleados de Business Track están siendo ahora procesados por la justicia. Aparentemente la ilegal empresa de vigilancia cometió un error de cálculo político en su búsqueda de inteligencia a favor de corporaciones transnacionales.
La activación de recursos legales
Tras el arresto del personal de Business Track, la fiscalía comenzó a obtener declaraciones de las víctimas mientras revisaba y catalogaba la enorme cantidad de grabaciones de audio, mensajes de correo electrónico y conversaciones telefónicas que le fueron confiscados al personal de la agencia (Trigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima 2009).
Este proceso reveló que solo cerca del 20% de los datos de vigilancia de Business Track tenía que ver con posibles actividades criminales (La República 2009a).
La gran mayoría de estos datos correspondía a la vigilancia ilegal realizada sobre ciudadanos comunes, así como sobre instituciones privadas y públicas, en relación con cuestiones de seguridad o temas de interés nacional (La República 2009a).
Por demás, las informaciones confiscadas se remontan a inicios de la década de 1990, durante la era Fujimori (Trigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima 2009) y demuestran que el personal de inteligencia militar que fundó Business Track se había llevado sus registros de inteligencia al retirarse del servicio activo tras la caída del gobierno de Fujimori.
Las pruebas que el tribunal ha hecho públicas hasta la fecha revelan que un número significativo de las víctimas, desde la década de 1990 en adelante, son luchadores por los derechos humanos, activistas mineros y miembros de comunidades rurales, así como varios colectivos de abogados (Este grupo incluía al Equipo de Promoción y Desarrollo de Ica, la Asociación Civil Foro Democrático, el Instituto para una Alternativa Agraria, la Asociación Pro Derechos Humanos, Fedepaz, el Instituto Peruano para los Derechos Humanos y el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, aunque no se limitaba a estas instituciones.) .
Entre estas personas se encuentran las víctimas y los protagonistas de los casos Majaz y Grufides, quienes fueron vigilados durante el periodo de tiempo en cuestión. También es importante notar que los archivos de audio intervenidos están fechados a partir de los primeros años de la década de 1990, comenzando en la época de Fujimori, y se extienden hasta el presente.
Lo anterior ayuda a entender la observación del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, por su nombre inglés) acerca de que el escándalo ha inducido a fuerzas políticas anteriormente opuestas a unirse con el fin de impedir la investigación de la cartera de clientes de la empresa Business Track (Parellada 2009).
El campo relacionado a Fujimori, el Partido Aprista y por lo menos algunas de las empresas transnacionales comparten un interés político en minimizar la investigación sobre las actividades de Business Track.
Como se señaló más arriba, aunque el escándalo de esta empresa tuvo como causa primera la aparente corrupción del gobierno aprista al tratar de favorecer a una empresa transnacional de petróleo, los archivos confiscados incluyen grabaciones de las comunicaciones mantenidas por miembros de la sociedad civil desde la época Fujimori hasta la actualidad.
De lo anterior puede concluirse que el caso Business Track es un ejemplo claro de la manera como las prácticas de vigilancia política, previamente empleadas por un gobernante con tintes represivos (Fujimori), pueden adoptarse para satisfacer las necesidades del sector corporativo transnacional una vez que los servicios de seguridad están privatizados.
Las inquietudes del IWGIA acerca de la investigación del caso Business Track parecen haberse confirmado. Tras casi año y medio de estar revisando los archivos de audio de Business Track, a finales de julio de 2010, el tribunal emitió su veredicto con respecto a la investigación judicial (La República 2010a y 2010b).
El fallo, de 1.135 páginas, es esencialmente una recitación de las 1.300 piezas probatorias que se revisaron. El principal resultado es que el juez rechazó autorizar a la fiscalía el inicio de una investigación sobre la identidad de los clientes de Business Track, en otras palabras, de los individuos e instituciones que pagaban por las actividades ilegales de escucha telefónica e interceptación de correos electrónicos (La República 2010a y 2010b).
Irónicamente, la jueza razonó que una investigación tal sería prematura. Hasta la fecha no hay indicaciones de que los poderosos clientes de Business Track, entre ellos Forza y una serie de transnacionales mineras, serán sometidos a una investigación criminal.
Indicadores de una red internacional de vigilancia
Como se señaló previamente, existen vínculos documentados entre las actividades de vigilancia de Business Track y el alegado rol de Forza como violador de los derechos humanos de activistas en los casos Majaz y Grufides.
Estos lazos sugieren que las empresas transnacionales mineras y las empresas de seguridad privada han formado una red altamente integrada de vigilancia e intercambio de información sobre los actores de la sociedad civil que critican sus actividades.
También hay motivo para creer que esta información puede ser utilizada para facilitar la persecución política de tales actores. Por ejemplo, como fue detallado en la sección anterior, en el caso Grufides se alega que Forza, en su condición de empresa de seguridad de la Minera Yanacocha, implementó la Operación diablo en contra de los activistas locales.
Al mismo tiempo, resulta indisputable que Business Track intervino los teléfonos de Grufides durante el curso de la Operación diablo y está probado que Forza era cliente de Business Track.
Así, tomando en consideración el caso Grufides junto con lo que públicamente se conoce sobre el caso Business Track pueden extraerse al menos dos conclusiones relevantes.
Primero, hay razones para creer que Forza contrató a Business Track para complementar los servicios de seguridad que brinda a Yanacocha. Segundo, hay sobrados indicios de que la información de vigilancia recogida por Business Track fue en última instancia empleada por Forza para apoyar los objetivos de la Operación diablo, específicamente la persecución de los activistas que trabajan con las comunidades perjudicadas por la actividad minera de Yanacocha.”
POR ESO ¡CONGA NO VAAA¡¡¡¡¡¡¡ CON ESTA GENTE OLIGARCA RETROCEDEREMOS A 1890 Y NO AVANZAREMOS AL TERCER MILENIO.
CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario